Cuando una tragedia deja de ser anónima
Vivimos en una sociedad en la que, demasiadas veces, la indignación
parece depender de la repercusión mediática de los acontecimientos.
Nos escandalizamos cuando una historia traspasa las pantallas, llena
los informativos y se convierte en símbolo de una injusticia.
Sin embargo, otras historias igual de dolorosas pasan casi
inadvertidas, enterradas entre estadísticas y titulares pasajeros.
La muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años
que fue desahuciada de su vivienda en Madrid y falleció el pasado
7 de octubre sin haber podido regresar a su hogar, ha sacudido
conciencias y provocado una importante movilización ciudadana.
La respuesta de la calle ha sido contundente: indignación,
protestas pacíficas y exigencias de soluciones urgentes.
De pronto, representantes políticos de distintos partidos han
situado el problema de la vivienda en el centro del debate.
Se anuncian propuestas, se reclaman responsabilidades y se
multiplican los discursos. Pero hay una pregunta incómoda
que deberíamos hacernos todos:
¿Por qué hemos tenido que esperar al caso de Maricarmen
para reaccionar con tanta fuerza?
Las tragedias que no ocupan las portadas
Los datos ayudan a entender la dimensión del problema. Según las
cifras del Consejo General del Poder Judicial correspondientes
al primer trimestre de 2026, en España se practicaron
4.005 lanzamientos judiciales, una media aproximada
de 44 al día. Conviene precisar que esta estadística incluye
distintos tipos de inmuebles y situaciones, por lo que no equivale
exclusivamente a desahucios de viviendas habituales.
Detrás de cada cifra puede haber una persona mayor, una familia
con dificultades económicas o alguien que se enfrenta a la
incertidumbre de no saber dónde podrá vivir al día siguiente.
Cada caso tiene sus propias circunstancias, pero todos merecen
algo más que indiferencia.
Hace apenas un mes conocimos también el caso de
Olga Matute, una mujer de 54 años en Cataluña
cuya muerte, tras una situación de desalojo y graves dificultades
personales y familiares, volvió a poner de manifiesto el drama
humano que puede esconderse detrás de estos procesos.
¿Por qué historias como la de Olga no despertaron entonces una
movilización de la misma magnitud? ¿Cuántas personas han atravesado
situaciones desesperadas sin que sus nombres lleguen a conocerse,
sin que sus rostros aparezcan en televisión y sin que las
instituciones reaccionen con la urgencia que merecen?
No se trata de comparar sufrimientos ni de restar importancia
a la historia de Maricarmen. Se trata de preguntarnos
por qué algunas tragedias consiguen sacudir a todo un país
mientras otras apenas dejan rastro en la conversación pública.
La responsabilidad de la política, pero también de la sociedad
De la clase política, independientemente de sus siglas, cabe exigir
responsabilidad, coherencia y capacidad para anticiparse a los
problemas. La política debería servir para prevenir situaciones
dramáticas y buscar soluciones duraderas, no limitarse a reaccionar
cuando la presión social convierte un caso en una crisis pública.
Es legítimo preguntarse por qué las respuestas llegan con tanta
urgencia cuando el problema estalla en los titulares y parecen
insuficientes cuando afecta a personas que no tienen la misma
visibilidad. También debemos desconfiar de quienes pretenden
convertir el dolor ajeno en un arma partidista o en una oportunidad
para obtener rédito político.
Pero la reflexión no puede detenerse ahí.
La sociedad también tiene una responsabilidad.
No podemos exigir a nuestros representantes que actúen con
coherencia si nosotros mismos olvidamos las injusticias en cuanto
desaparecen de las noticias. No basta con indignarse durante unos
días, compartir mensajes en las redes sociales o acudir a una
concentración cuando una historia nos conmueve especialmente.
Por eso merece reconocimiento la movilización ciudadana que ha
surgido en torno al caso de Maricarmen. La protesta pacífica,
la solidaridad y la presión colectiva son herramientas legítimas
y necesarias para exigir respuestas. La ciudadanía ha demostrado
que puede situar un problema en el centro del debate y obligar
a las instituciones a escuchar.
Ahora bien, el verdadero éxito de esta movilización no debería
medirse únicamente por las manifestaciones celebradas ni por los
discursos pronunciados. Debería medirse por las soluciones que
consiga impulsar y, sobre todo, por las tragedias que logremos
evitar a partir de ahora.
El 29 de noviembre también decidimos qué sociedad queremos
El próximo 29 de noviembre, España celebrará
elecciones generales. Será una oportunidad para reflexionar,
valorar las propuestas de cada formación y exigir responsabilidades
por sus decisiones y omisiones.
No deberíamos votar movidos únicamente por la indignación del
momento, por los mensajes interesados de una campaña o por la
defensa automática de unas siglas. Deberíamos analizar qué propone
cada partido, qué ha hecho cuando ha tenido capacidad para actuar
y qué medidas realistas plantea para afrontar un problema tan
complejo como el acceso a la vivienda.
La responsabilidad no recae en exclusiva sobre un Gobierno,
una oposición o una administración concreta. Las competencias
y las decisiones están repartidas entre distintas instituciones,
y las responsabilidades deben examinarse con rigor. Precisamente
por eso, ningún partido debería quedar al margen del escrutinio
público ni utilizar las dificultades de los demás para eludir
las propias.
Votar con memoria significa exigir coherencia a todos,
también a quienes nos resultan más cercanos ideológicamente.
Porque una sociedad madura no se limita a elegir representantes:
también les exige que rindan cuentas, que cumplan sus compromisos
y que no olviden a las personas cuando los focos se apagan.
Que Maricarmen no sea solo un nombre
No olvidemos a Maricarmen. No olvidemos a Olga. Y tampoco olvidemos
a quienes atraviesan situaciones desesperadas sin llegar a
convertirse en protagonistas de una noticia nacional.
Que sus historias no se utilicen únicamente para alimentar una
disputa política. Que su sufrimiento no se reduzca a un titular,
una concentración o una promesa electoral. Y que la indignación
que hoy sentimos no desaparezca mañana, cuando otros acontecimientos
ocupen las portadas.
La verdadera prueba de una sociedad no consiste solamente en cómo
reacciona ante una tragedia que conmueve a todo el país, sino en
cómo trata a quienes sufren cuando nadie está mirando.
No deberíamos necesitar otra Maricarmen para recordar que detrás
de cada desahucio hay personas, vidas y dignidad.
La memoria, la educación, el respeto y la responsabilidad
colectiva son imprescindibles para avanzar. Pero también lo son
la exigencia ciudadana y la voluntad de reclamar soluciones
concretas, más allá de los discursos.
Si de verdad queremos que algo cambie, seamos consecuentes.
Que nuestra indignación no dependa de las cámaras, que nuestra
solidaridad no tenga fecha de caducidad y que nuestro voto no
olvide aquello que hoy decimos defender.
Porque una sociedad justa no es la que se indigna cuando una
tragedia se hace visible, sino la que trabaja para que no
tenga que repetirse.
Comentarios
Publicar un comentario